By Carly Nyst
Internet, al igual que otras tecnologías, proporciona a las mujeres incontables oportunidades para empoderarse, involucrarse y educarse. Al mismo tiempo, las herramientas digitales vuelven cada vez más fácil realizar amenazas fundándose en el género, acosar, agredir y ejercer violencia contra las mujeres. Los proveedores intermediarios de internet tienen un importante papel que desempeñar en la detección y la reparación de la violencia en línea hacia las mujeres. Sin embargo, la respuesta de los intermediarios ante incidentes de acoso en línea basado en el género, muy a menudo se apoya en prejuicios y malentendidos acerca de la naturaleza de la violencia en línea contra las mujeres, así como sobre la tensión existente entre hacer frente a la violencia y proteger la libertad de expresión. Esta serie de artículos es uno de los productos del proyecto Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea y explora la responsabilidad de los intermediarios en lo que toca a asegurar que internet sea un espacio para el empoderamiento – y no el sometimiento – de las mujeres.
Entender qué posibilita y qué limita el derecho a la libertad de expresión
El derecho a expresarse libremente es un pre-requisito fundamental tanto para un funcionamiento dinámico de la democracia como para que internet sea abierta y libre. La libertad de expresión en línea fomenta el discurso público y permite que los individuos puedan expresar sus ideas, opiniones y creencias, y que puedan así enfrentarse a los paradigmas sociales y políticos dominantes. Por este motivo, una internet libre y abierta es una garantía clave para los derechos de las mujeres. Como observó Internet Democracy Project, de India, “internet ha hecho posible que las mujeres se vinculen con otras mujeres alrededor de una gama de temas que pueden beneficiar a los derechos de todas las mujeres, que establezcan relaciones significativas fuera del ámbito doméstico donde muchas mujeres están confinadas en su vida ‘fuera de línea’ y, lo más importante, que encuentren un espacio donde hablar y ser oídas”. (1)
El derecho a la libertad de expresión está garantizado por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No es, sin embargo, un derecho absoluto, es decir que no se puede decir o comunicar lo que se quiera sin tener en cuenta o en consideración el gozo de los derechos humanos de los otros (Artículo 19 (3)). Además, la libertad de expresión no puede usarse como un velo encubridor para justificar expresiones lingüísticas o de otra índole que inciten a la discriminación, la hostilidad o la violencia (Artículo 20 (2)).
Naciones Unidas reconoce la violencia hacia las mujeres como una manifestación de las históricas relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres, y como un obstáculo para alcanzar la equidad, el desarrollo y la paz. Se concluye, por lo tanto, que la incitación a la violencia hacia las mujeres queda entre las excepciones a la libertad de expresión, que de otro modo es un derecho de importancia vital para promover la libertad y la equidad en todas partes. Según la Declaración sobre la violencia contra las mujeres de la ONU, ésta comprende la violencia física, sexual y psicológica que tiene lugar en la comunidad en general, y que incluye la violación, el abuso sexual, el hostigamiento sexual y el acoso intimidatorio en el trabajo, en las instituciones educativas y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada. “La comunidad en general” incluye indudablemente al ámbito digital.
En consecuencia, la legislación internacional sobre derechos humanos resguarda fuertemente el derecho a la libertad de expresión, que debe atenuarse en la medida en que se requiere proteger ante el discurso de odio, o que incita a la violencia, incluyendo la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, la existencia de excepciones a la libertad de expresión no significa que la idea de que hay que prohibir el discurso de odio, o la incitación al odio, sea evidente o incontrovertible. Por el contrario, las excepciones al artículo 19 despiertan mucha polémica, son muy subjetivas y tienden a ser manipuladas por entidades estatales.
Discurso de odio y libre expresión en internet
Al facilitar el intercambio de ideas, creencias y opiniones, en todo el mundo y de manera rápida e interconectada, internet también ha servido como medio por el cual las expresiones de odio se diseminan a una velocidad y con un alcance nunca antes vistos. Twitter, por ejemplo, estuvo enredado en juicios durante todo el año a causa de los tuits antisemitas asociados a la etiqueta #unbonjuif. Este mapa, realizado por la Universidad estatal de Humboldt, es el resultado del rastreo y la localización de 150.000 casos de expresiones de discurso de odio en Twitter durante once meses.
¿Cuáles son, entonces, los caminos legítimos para remediar el discurso de odio en internet? Mientras que varios estados han prohibido recientemente las expresiones de odio en los grandes medios de comunicación, y proporcionan vías legales para abordar el tema que incluyen procedimientos civiles, administrativos y penales, ocuparse del discurso de odio en internet y remediar ese problema sigue siendo un proceso complejo, durante el cual se han abierto muchas puertas a la represión estatal y a los recortes al derecho a la libre expresión. El Relator especial de la ONU para la libertad de expresión y opinión Frank La Rue se ocupó del discurso de odio en internet en un informe de 2011 ante la Asamblea General, y señaló que los estados habían tomado medidas para poner en práctica una cantidad de restricciones inadmisibles al derecho a la libertad de expresión, en nombre de la eliminación del discurso de odio.
Dichas restricciones incluyen el bloqueo o la criminalización de contenidos relativos a la discusión de políticas gubernamentales y los debates políticos; la publicación de informes sobre derechos humanos, actividades del gobierno y corrupción gubernamental; la participación en campañas electorales, manifestaciones pacíficas o actividades poíticas, incluso en defensa de la paz y la democracia; y la expresión de opiniones y de discrepancias, de religión o de creencias, incluso por parte de personas pertenecientes a minorías o a grupos vulnerables. Cualquier iniciativa estatal de prohibición de contenidos, para ser admisible debe ser específica respecto del contenido, y debe ser autorizada por una ley que no dé lugar a ambigüedades, perseguir fines legítimos y respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.
El discurso de odio en internet: ¿qué papel desempeñan los intermediarios?
Dado que la restricción a la libertad de expresión en internet en nombre de prohibir el discurso de odio despierta controversias, tampoco hay mucho consenso acerca de cuál debería ser el papel de los intermediarios de internet en el control de ese discurso y esas conductas. ¿Los intermediarios de internet deberían desempeñar un papel proactivo y rastrear, en línea, las expresiones de odio y otras formas de expresión prohibidas? ¿Y cómo impactaría ésto en el goce de la libertad de expresión? Dado que el sector privado está guiado por el interés financiero y es propenso a la cooptación por entidades poderosas, incluso estatales, abrir la puerta a que los intermediarios controlen si hay discurso de odio en el contenido que alojan, ¿puede resultar limitante para una intenet abierta y libre? Si no hay caminos sólidos que aseguren la transparencia y la confiabilidad de los intermediarios, ¿cómo pueden estar seguros los/as usuarios/as de que lo que dicen no está siendo limitado en nombre del patrullaje contra el discurso de odio? Impulsar la responsabilidad de los intermediarios por el contenido que alojan, ¿puede conducir a una aversión al riesgo por parte de los intermediarios, tan extrema que peque de censuradora, en lugar de fomentar la libertad en internet?
Cada una de estas preguntas es tema de intensos debates entre los activistas por la libertad de expresión e internet. Nuestro próximo y último artículo de esta serie intentará proponer una vía directa para mitigar algunas de estas tensiones. El punto de partida, sin embargo, debe ser la promoción de una internet libre y abierta que valore la diversidad de opiniones y por ende, la tolerancia. Los intermediarios pueden dar pasos positivos para promover la comprensión inter-cultural y la erradicación de actitudes discriminatorias, en particular las relativas al papel de las mujeres en la sociedad. Erradicar el discurso de odio en línea comienza por combatir los problemas de raíz, como la intolerancia y el prejuicio que conforman y perpetúan las posturas opresivas y denigrantes hacia las mujeres.
Crédito de la foto: Law Inter Alia .